OSORNO, 09 DE JULIO DE 2008.
Sr. Rodrigo Egaña
Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas
Presente
Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas
Presente
El 01 de abril del 2008, la Presidenta Bachelet dio a conocer la política indígena del gobierno para los próximos años: Re-conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad. Teniendo presente los anuncios realizados el Consejo de Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Comuna de Río Negro, señala lo siguiente:
1. Lamentamos que la presidenta no se pronuncie por ratificar el 169 de la OIT sin declaraciones interpretativas ni reservas de ningún tipo que limiten sus alcances. Manifestamos nuestra molestia, pues a la fecha aún la Presidenta “no ha mostrado voluntad de ratificar el Convenio sin declaración interpretativa”. Hay que recordar que el 4 de marzo el Senado aprobó el Convenio, y ya van más de 160 días sin que se promulgue ni se cumpla con su plena ratificación en Ginebra.
2. La reforma constitucional hoy en discusión en el Congreso a propuesta de la Presidenta no se condice con los derechos que propone en sus anuncios, lo que debería llevar a su modificación, queremos que el reconocimiento constitucional sea un instrumento de real alcance y no una mera declaración folclórica.
3. Tampoco hizo referencia alguna a los estándares de derechos reconocidos por la ONU sobre derechos de pueblos indígenas aprobada en septiembre pasado con el voto favorable de su gobierno, los que deberían orientar las reformas jurídicas anunciadas para ser consistentes con dicho voto.
4. También falta claridad en las medidas que el gobierno tomará en respuesta al dictamen de la Comisión de Derechos Humano de ONU respecto a las tierras antiguas de los mapuche y de la aplicación de la ley anti-terrorista. Y en relación a las tierras antiguas, en nuestro territorio prevalecen vigentes grandes conflictos de la tenencia de la tierra. Están las Comunidades Indígena Caleta Condor, Caleta Huellelhue, Ñirehue y La Catrihuala, sosteniendo una lucha contra particulares que son dueños solo en el papel y donde la CONADI ha sido poco certera, rigurosa, dilatadora, irresponsable y cuyo proceso abordado tiene actualmente a familias luchando contra una orden de desalojo. Nos preocupa enormemente que la devolución de tierras sea un camino institucional y legal, vale decir, se trata de una negación tácita de las demandas por tierras ancestrales o antiguas y una negación de la noción de territorio levantada por el movimiento mapuche.
5. Sabemos muy bien que los pueblos indígenas en Chile hoy no tienen participación en las instancias en las que se toman decisiones que les conciernen. No contamos con representante alguno en el Congreso Nacional, en el Gobierno Central, Gobiernos Regionales y locales, tampoco tenemos participación en instancias jurisdiccionales.
6. Nos inquieta que lo destacado por la Presidenta en el área Sistema político, derechos e institucionalidad, no se logre, por no existir consenso político para las modificaciones legislativas que se requerirían para la nueva institucionalidad indígena….y una vez más los pueblos originarios solo nos quedamos con los anuncios y buenas intenciones del gobierno de turno.
7. En relación al desarrollo integral de los pueblos originarios, hoy día existe intervención por parte de la institucionalidad pública en nuestro territorio, por ejemplo hoy en la Comuna de Río Negro son 10 comunidades indígenas focalizadas en la II Fase del Programa Orígenes, cuya misión es “mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas de áreas rurales promoviendo su desarrollo económico, social, cultural y ambiental sin la pérdida de sus rasgos esenciales de identidad”. Y abordando lo que indica la utópica “misión”, nos preguntamos:
- ¿Cuál será el real impacto de este programa, que tiene serias falencias en su implementación y ejecución y cuyo presupuesto a nivel de familia es ínfimo, alcanzando $504.000 para iniciativas productivas, y con una ejecución presupuestaria de dos años?.
Muchos nos señalan que hoy los mapuche somos los regalones del gobierno, discriminación positiva le llaman algunos…pero esas palabras tienen una cuota de ignorancia… no podemos pensar en desarrollo integral con identidad cuando vemos una intervención asistencialista, de bajo impacto, con programas elaborados en cuatro paredes, con instituciones públicas excluyentes, burocráticas y donde en general el aparataje estatal incluyendo al Gobierno, ve que lo que reclaman los indígenas son solo simples demandas, problemas y no derechos.
8. Autoridades y lamien presentes, no hay que olvidar que la deuda histórica no se salda con sólo re-conocer, sino también con un ejercicio de derecho y autodeterminación que implica aprobar por ejemplo el Convenio 169 sin negociaciones ocultas, reformar la constitución para el reconocimiento real de nuestro pueblo, e impulsar una relación distinta entre el Estado chileno y los pueblos originarios.
9. Existen temas pendientes de importancia, como tierra, territorio y recursos naturales, los que hoy son objeto de amenazas graves por parte de proyectos de inversión que se emplazan en los territorios indígenas, los cuales son definidos en la propuesta, pero no se señalan criterios para su protección.
10. Sabemos que la posibilidad real de que dicho pacto prospere, pasa por reformas no tan solo jurídicas, sino también culturales y de políticas públicas, en que los pueblos indígenas y quienes los integran sean respetados en sus opciones de desarrollo, y en sus derechos básicos, como la libertad, integridad física, acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a la tierra y territorio, a aprender y expresar nuestra cultura. El temor y la desconfianza está en que todo lo anunciado no sea concretado e inclusive puede ser modificado por la actual administración o que un próximo gobierno defina lineamientos opuestos.
1. Lamentamos que la presidenta no se pronuncie por ratificar el 169 de la OIT sin declaraciones interpretativas ni reservas de ningún tipo que limiten sus alcances. Manifestamos nuestra molestia, pues a la fecha aún la Presidenta “no ha mostrado voluntad de ratificar el Convenio sin declaración interpretativa”. Hay que recordar que el 4 de marzo el Senado aprobó el Convenio, y ya van más de 160 días sin que se promulgue ni se cumpla con su plena ratificación en Ginebra.
2. La reforma constitucional hoy en discusión en el Congreso a propuesta de la Presidenta no se condice con los derechos que propone en sus anuncios, lo que debería llevar a su modificación, queremos que el reconocimiento constitucional sea un instrumento de real alcance y no una mera declaración folclórica.
3. Tampoco hizo referencia alguna a los estándares de derechos reconocidos por la ONU sobre derechos de pueblos indígenas aprobada en septiembre pasado con el voto favorable de su gobierno, los que deberían orientar las reformas jurídicas anunciadas para ser consistentes con dicho voto.
4. También falta claridad en las medidas que el gobierno tomará en respuesta al dictamen de la Comisión de Derechos Humano de ONU respecto a las tierras antiguas de los mapuche y de la aplicación de la ley anti-terrorista. Y en relación a las tierras antiguas, en nuestro territorio prevalecen vigentes grandes conflictos de la tenencia de la tierra. Están las Comunidades Indígena Caleta Condor, Caleta Huellelhue, Ñirehue y La Catrihuala, sosteniendo una lucha contra particulares que son dueños solo en el papel y donde la CONADI ha sido poco certera, rigurosa, dilatadora, irresponsable y cuyo proceso abordado tiene actualmente a familias luchando contra una orden de desalojo. Nos preocupa enormemente que la devolución de tierras sea un camino institucional y legal, vale decir, se trata de una negación tácita de las demandas por tierras ancestrales o antiguas y una negación de la noción de territorio levantada por el movimiento mapuche.
5. Sabemos muy bien que los pueblos indígenas en Chile hoy no tienen participación en las instancias en las que se toman decisiones que les conciernen. No contamos con representante alguno en el Congreso Nacional, en el Gobierno Central, Gobiernos Regionales y locales, tampoco tenemos participación en instancias jurisdiccionales.
6. Nos inquieta que lo destacado por la Presidenta en el área Sistema político, derechos e institucionalidad, no se logre, por no existir consenso político para las modificaciones legislativas que se requerirían para la nueva institucionalidad indígena….y una vez más los pueblos originarios solo nos quedamos con los anuncios y buenas intenciones del gobierno de turno.
7. En relación al desarrollo integral de los pueblos originarios, hoy día existe intervención por parte de la institucionalidad pública en nuestro territorio, por ejemplo hoy en la Comuna de Río Negro son 10 comunidades indígenas focalizadas en la II Fase del Programa Orígenes, cuya misión es “mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas de áreas rurales promoviendo su desarrollo económico, social, cultural y ambiental sin la pérdida de sus rasgos esenciales de identidad”. Y abordando lo que indica la utópica “misión”, nos preguntamos:
- ¿Cuál será el real impacto de este programa, que tiene serias falencias en su implementación y ejecución y cuyo presupuesto a nivel de familia es ínfimo, alcanzando $504.000 para iniciativas productivas, y con una ejecución presupuestaria de dos años?.
Muchos nos señalan que hoy los mapuche somos los regalones del gobierno, discriminación positiva le llaman algunos…pero esas palabras tienen una cuota de ignorancia… no podemos pensar en desarrollo integral con identidad cuando vemos una intervención asistencialista, de bajo impacto, con programas elaborados en cuatro paredes, con instituciones públicas excluyentes, burocráticas y donde en general el aparataje estatal incluyendo al Gobierno, ve que lo que reclaman los indígenas son solo simples demandas, problemas y no derechos.
8. Autoridades y lamien presentes, no hay que olvidar que la deuda histórica no se salda con sólo re-conocer, sino también con un ejercicio de derecho y autodeterminación que implica aprobar por ejemplo el Convenio 169 sin negociaciones ocultas, reformar la constitución para el reconocimiento real de nuestro pueblo, e impulsar una relación distinta entre el Estado chileno y los pueblos originarios.
9. Existen temas pendientes de importancia, como tierra, territorio y recursos naturales, los que hoy son objeto de amenazas graves por parte de proyectos de inversión que se emplazan en los territorios indígenas, los cuales son definidos en la propuesta, pero no se señalan criterios para su protección.
10. Sabemos que la posibilidad real de que dicho pacto prospere, pasa por reformas no tan solo jurídicas, sino también culturales y de políticas públicas, en que los pueblos indígenas y quienes los integran sean respetados en sus opciones de desarrollo, y en sus derechos básicos, como la libertad, integridad física, acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a la tierra y territorio, a aprender y expresar nuestra cultura. El temor y la desconfianza está en que todo lo anunciado no sea concretado e inclusive puede ser modificado por la actual administración o que un próximo gobierno defina lineamientos opuestos.
CONSEJO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS
COMUNA DE RIO NEGRO
No hay comentarios:
Publicar un comentario